El condado avanza con una ordenanza que prohíbe agentes de inmigración usar propiedades del condado

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La Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz está avanzando con una prohibición que impediría a funcionarios federales usar instalaciones propiedad del condado o bajo su control para fines de aplicación de leyes migratorias, mientras continúan acciones federales en todo el país.

Los supervisores del condado aprobaron de manera condicional la ordenanza local propuesta el martes por la mañana. Una segunda audiencia está programada para el 24 de marzo, cuando la junta votará sobre la aprobación final.

La ordenanza prohibiría que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilicen estacionamientos, edificios y espacios abiertos propiedad del condado como lugares de procesamiento, bases de operaciones o áreas de preparación para organizar o desplegar personal, dijo la presidenta de la junta, Monica Martinez, quien propuso la ordenanza junto con el supervisor del Distrito 4, Felipe Hernández.

“Como hemos visto durante el último año, el gobierno federal ha eliminado limitaciones previas sobre la aplicación de leyes migratorias en o cerca de lugares sensibles donde las personas acceden a servicios esenciales, incluidos escuelas, tribunales y centros médicos,” dijo Martinez. Agregó que los agentes federales están usando estos espacios para fines de aplicación de la ley en otras partes del país, lo que socava la confianza de la comunidad y genera miedo.

Martinez señaló que la ordenanza no impediría que los agentes que tengan órdenes judiciales “legalmente emitidas” arresten a personas.

La nueva política instruiría a la oficina ejecutiva del condado a desarrollar protocolos, como el uso de barreras físicas para limitar el acceso o exigir que el personal notifique a su supervisor si sospecha una violación de la ordenanza, pero los detalles específicos de esos protocolos aún no son oficiales. Una vez finalizados, el personal del condado recibirá capacitación para garantizar que comprendan los protocolos y que se apliquen de manera consistente, dijo Martinez.

La directora ejecutiva del condado, Nicole Coburn, dijo a la junta que su equipo está elaborando una lista de todas las propiedades y espacios abiertos que posee el condado para determinar cuáles necesitarán señalización adecuada.

“El impacto de ICE en nuestra comunidad es devastador para las familias. No solo genera miedo, sino que afecta la vida diaria de nuestros residentes,” dijo Hernández. “Nuestra comunidad tiene miedo de ir a trabajar y los empleadores no están seguros de cómo proteger a sus empleados.”

Agentes de inmigración visitaron el Condado de Santa Cruz al menos 30 veces durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, siendo la visita más reciente en enero para arrestar a un residente de Watsonville.

Miembros de la comunidad y defensores de los inmigrantes expresaron su apoyo a la ordenanza.

Faris Sabbah, superintendente de escuelas del condado, dijo que la ordenanza garantizaría que recursos como los centros de atención médica no se utilicen para generar miedo ni interrumpir el acceso de las familias a los servicios. La Oficina de Educación del Condado aprobó recientemente una resolución similar que prohíbe a funcionarios de inmigración usar los edificios de la agencia.

Paulina Moreno, co-presidenta de la Coalición de Inmigración del Condado de Santa Cruz, dijo que la ordenanza propuesta reforzará la idea de que los residentes pueden acceder a servicios sin miedo en espacios del condado. “Por lo que vemos en el terreno, el miedo y la confusión en torno a la aplicación de la ley ya están afectando cómo las familias interactúan con los sistemas públicos,” dijo Moreno.

El supervisor Justin Cummings sugirió que el condado anime a otras jurisdicciones que aún no han aprobado políticas similares a hacerlo. El mes pasado, la ciudad de Watsonville se convirtió en la primera jurisdicción del condado en prohibir que funcionarios federales de inmigración utilicen propiedades municipales. Santa Clara y San José también aprobaron políticas similares.

Martinez presentó el primer informe del subcomité enfocado en prepararse para los posibles impactos de la aplicación de leyes migratorias en los residentes del condado. Ella y Hernández codirigen el subcomité.

“Su enfoque está en la preparación interna del condado, incluida la revisión y el fortalecimiento de los protocolos de los departamentos del condado relacionados con encuentros con autoridades de inmigración en instalaciones del condado, e identificar vacíos legales, operativos y de política que puedan afectar el acceso a servicios o el cumplimiento del condado con las leyes estatales y federales,” dijo Martinez.

El subcomité no reemplazará directamente a las redes comunitarias de respuesta rápida, como Your Allied Rapid Response, ni realizará o coordinará respuestas en el terreno ante actividades de aplicación de leyes migratorias, dijo Martinez. El condado no quiere duplicar el trabajo que ya se está realizando en la comunidad, ella añadió.

Debido a la preocupación de la comunidad sobre el uso de cámaras automatizadas de lectura de placas vehiculares para fines migratorios, Martinez dijo que la oficina de Coburn ha solicitado al Inspector General del Estado realizar una auditoría sobre el uso por parte del Departamento del Sheriff del Condado de Santa Cruz de una base de datos estatal que recopila datos de estas cámaras. El condado no tiene cámaras automatizadas de lectura de placas en las áreas no incorporadas del condado.

La próxima actualización del subcomité se espera para el 19 de mayo.