Un resumen:
La Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz discutirá una ordenanza que prohibiría a funcionarios federales de inmigración utilizar propiedades del condado para actividades de control migratorio.
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La Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz está considerando una ordenanza que prohibiría a funcionarios de inmigración usar instalaciones propiedad del condado para la aplicación de leyes migratorias, mientras las acciones federales continúan intensificándose en todo Estados Unidos.
La ordenanza propuesta, que se debatirá en la reunión del martes de la junta, prohibiría el uso de estacionamientos, edificios y espacios abiertos propiedad o bajo control del condado para la aplicación civil de leyes migratorias, según un informe del personal del condado. La ordenanza también prohibiría al personal del condado permitir que funcionarios de inmigración utilicen propiedades del condado como lugares de procesamiento, bases de operaciones o áreas de preparación para organizar y desplegar personal.
La ordenanza instruiría a la oficina ejecutiva del condado a desarrollar procedimientos, como exigir que cualquier empleado del condado que tenga conocimiento de una violación de esta ordenanza la reporte a su supervisor, y garantizar que se utilicen barreras físicas para limitar el acceso, según el informe del personal.
“La capacidad del condado para brindar atención médica, beneficios públicos y otros servicios esenciales depende de la confianza entre los residentes y las agencias públicas”, dijo la presidenta de la junta, Monica Martinez, en un comunicado de prensa. “Las políticas que refuerzan la claridad, la consistencia y los límites legales garantizan que los residentes sigan accediendo a los servicios que necesitan”.
El mes pasado, el Concejo Municipal de Watsonville se convirtió en la primera jurisdicción del condado en aprobar una resolución que prohíbe a funcionarios federales de inmigración usar sus propiedades, siguiendo los pasos de ciudades de todo el país, incluidas San José, Santa Clara y Chicago. La junta directiva de Cabrillo College también aprobó una resolución similar.
En el primer año de la administración Trump, funcionarios federales de inmigración han visitado el condado de Santa Cruz al menos 30 veces, siendo la visita más reciente en enero, cuando se produjo el arresto de un residente de Watsonville.
La junta de supervisores ha tomado otras medidas para mostrar apoyo a la comunidad inmigrante del condado, incluyendo reafirmar su estatus de santuario semanas después de las elecciones de noviembre de 2024. Funcionarios del condado también votaron recientemente para condenar la “violencia en aumento y los impactos dañinos en la comunidad” tras operaciones de control migratorio violentas y mortales en Minneapolis y otras partes del país.
En enero, la junta de supervisores creó un subcomité para ayudar a prepararse ante los posibles impactos de la aplicación de leyes migratorias en los residentes del condado. Ese subcomité tiene previsto presentar su primer informe en la reunión del martes.
El personal del condado también ha recibido instrucciones de informar inmediatamente a sus supervisores si agentes de ICE llegan a edificios propiedad del condado haciendo preguntas. A los funcionarios de inmigración tampoco se les permite entrar en áreas no públicas de los edificios del condado sin una orden judicial firmada, de acuerdo con la política de santuario del condado.