Un resumen
La ciudad de Watsonville es la primera en el condado de Santa Cruz en prohibir el uso de instalaciones municipales para la aplicación de leyes civiles de inmigración. Watsonville sigue los pasos de ciudades como San José y Santa Clara, que también han adoptado políticas similares.
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Funcionarios de la ciudad de Watsonville están prohibiendo que autoridades de inmigración utilicen instalaciones municipales para actividades de control, mientras las acciones federales continúan intensificándose en todo el país.
Watsonville sigue el ejemplo de ciudades de todo el país, incluidas San José, Santa Clara y Chicago, y es la primera ciudad dentro del condado de Santa Cruz en aprobar una resolución de este tipo.
La alcaldesa Kristal Salcido dijo a miembros de la comunidad el martes por la noche que la resolución está basada en la política de San José, que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) utilizar sus propiedades y lotes vacantes para organizar operativos. Salcido añadió que la resolución de Watsonville amplía el lenguaje de San José para incluir una prohibición en todos los edificios municipales.
“Estoy extremadamente orgullosa de que seamos los primeros, hasta donde sé, en el condado de Santa Cruz, de todas las organizaciones gubernamentales, en presentar este tipo de iniciativa,” dijo Salcido. “Creo que refleja los valores de nuestra comunidad.”
La concejala Maria Orozco señaló que la comunidad inmigrante de Watsonville es esencial para la ciudad. Cuando los residentes temen ir al parque o a la biblioteca, o tienen miedo de interactuar con el gobierno local, toda la comunidad se ve afectada, ella dijo.
La resolución prohibirá que autoridades federales de inmigración utilicen parques municipales, estacionamientos y garajes, hangares del aeropuerto y edificios con fines de control migratorio. Según un informe del personal, estos espacios no están destinados a ser utilizados para la aplicación de leyes de inmigración, las cuales son “exclusivamente competencia del gobierno federal”. La resolución tampoco pretende interferir con la investigación de presuntas violaciones de la ley penal.
Las instalaciones municipales no podrán utilizarse como puntos de operación —lugares temporales utilizados por ICE para organizar y desplegar personal, vehículos y equipo para operativos— ni como centros de procesamiento.
La resolución de Watsonville no tiene la intención de interferir ni restringir la ejecución de órdenes judiciales o mandatos emitidos por jueces federales, según el informe del personal. Bajo la ley estatal, los agentes federales de inmigración deben contar con una orden judicial antes de ingresar a cualquier área de un edificio municipal que normalmente no esté abierta al público.
Ciudades como San José y Santa Clara, que han adoptado políticas similares, han instruido a trabajadores municipales a colocar letreros en propiedades de la ciudad y construir cercas cuando sea necesario. Además, el personal municipal deberá informar a sus supervisores si se entera de cualquier actividad de ICE. La portavoz municipal, Michelle Pulido, informó a Lookout por correo electrónico que la ciudad no colocará letreros en todas sus instalaciones, y añadió que la política se centra en cómo se gestionan y comunican sus propiedades al personal y a las agencias asociadas. Añadió que es habitual que las agencias externas se coordinen con la ciudad si pretenden utilizar sus propiedades; sin embargo, según esta resolución, no se permitirá hacerlo con las agencias de inmigración.
“Hablamos con nuestra policía sobre la seguridad de nuestros residentes,” dijo la concejala Ari Parker. “No ayudamos a [ICE]. Cuando vienen a nuestra ciudad, ni siquiera nos informan.”
Parker afirmó que está “absolutamente a favor” de negar a los agentes de inmigración el acceso a las propiedades de la ciudad. “Espero que los condados y ciudades vecinas también hagan lo mismo,” dijo Parker.
La concejal Vanessa Quiroz-Carter recordó a las fuerzas del orden el estatus de ciudad santuario de Watsonville y les pidió que mantengan su promesa de no colaborar con ICE. Líderes del Departamento de Policía de Watsonville han dicho anteriormente a Lookout que sus oficiales no cooperan con autoridades de inmigración, en cumplimiento de la ley estatal.
Durante el primer año de la administración Trump, agentes federales de inmigración han visitado el condado de Santa Cruz al menos 30 veces, con al menos 15 visitas a Watsonville. El mes pasado, miembros de la comunidad estuvieron en alerta máxima después de que la organización comunitaria Your Allied Rapid Response confirmara que agentes de ICE arrestaron a un residente en el vecindario de Rodriguez Street.
Funcionarios municipales han tomado otras medidas para demostrar su apoyo a la comunidad inmigrante de Watsonville, incluyendo reafirmar su estatus de ciudad santuario apenas una semana antes de que Trump regresara a la Casa Blanca y unirse a demandas contra la administración federal por amenazas de retener recursos federales a ciudades santuario.
La directora ejecutiva de la Community Action Board, MariaElena De La Garza, dijo a los funcionarios electos el martes que la resolución es un paso importante y refuerza los esfuerzos de larga data de Watsonville para incluir a su comunidad inmigrante e invertir en organizaciones que ofrecen talleres de “Conozca sus derechos,” para que los residentes puedan interactuar con el personal municipal sin temor.
“Al adoptar esta resolución, Watsonville reafirma sus valores de dignidad, seguridad y respeto para todos los que llamamos hogar a esta ciudad,” dijo De La Garza.
Chris Davis, un residente de Watsonville desde hace muchos años, coincidió con De La Garza y agregó que la resolución afirma que la ciudad controla cómo se utilizan sus recursos y que los funcionarios no permitirán que se socave la confianza comunitaria ni la seguridad pública.
También el martes, la Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz votó por unanimidad para condenar la “violencia en aumento y los impactos dañinos en la comunidad” causados por recientes operativos federales de control migratorio. Según un comunicado de prensa, la votación reafirma el compromiso del condado de proteger la seguridad y los derechos civiles de todos los residentes.
Si bien el condado aún no ha presentado una resolución similar a la de Watsonville, se ha instruido al personal que informe de inmediato a sus supervisores si agentes de ICE acuden a edificios del condado haciendo preguntas. Según la política de ciudad santuario del condado, los funcionarios de inmigración tampoco pueden ingresar a áreas no públicas de edificios del condado sin una orden judicial firmada.