Panetta, funcionarios locales y líderes de organizaciones sin fines de lucro se comprometen a apoyar a los inmigrantes mientras persisten los temores a la deportación

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Funcionarios del gobierno local y líderes de organizaciones sin fines de lucro afirman que siguen comprometidos con ayudar y apoyar a la comunidad inmigrante del condado de Santa Cruz mientras continúan los temores a la deportación.

Varios funcionarios, entre ellos el fiscal de distrito del condado de Santa Cruz, Jeff Rosell, y el sheriff Chris Clark, se unieron el martes en Aptos al representante Jimmy Panetta, cuyo distrito congresional representa a una gran mayoría del condado, para explicar cómo han continuado apoyando a los inmigrantes, quienes a menudo tienen miedo de solicitar servicios debido al temor de ser detenidos y deportados por funcionarios federales.

Panetta dijo que el temor “siempre presente” que muchos inmigrantes han sentido durante los últimos dos años fue provocado por las políticas federales de inmigración implementadas por la administración de Trump.

“Están afectando a los trabajadores esenciales que tenemos en nuestras comunidades. Están afectando al sistema de justicia penal,” dijo Panetta. “Y están afectando la confianza, no solo en nuestro sistema de justicia penal, sino en todas nuestras instituciones.”

Clark y Rosell señalaron que el condado de Santa Cruz no coopera con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). “Estamos aquí para cumplir con nuestra misión principal, y esa es la seguridad pública,” dijo Rosell.

En los últimos seis meses, Clark dijo que su departamento ha recibido menos de una docena de llamadas de cortesía de agentes de ICE para notificarles sobre sus actividades. Lookout informó anteriormente que funcionarios de inmigración han visitado el condado al menos 39 veces desde que comenzó la segunda administración de Trump sus esfuerzos de deportación.

No ha habido redadas a gran escala en el condado, como las que se han llevado a cabo en otras zonas del estado. En cambio, cualquier actividad migratoria reportada en la comunidad ha consistido en arrestos dirigidos contra personas específicas, dijo Clark.

Clark dijo a Lookout que su departamento decidió no solicitar alrededor de seis subvenciones federales porque estas exigirían que los beneficiarios interactuaran con funcionarios de inmigración. Las subvenciones variaban en monto y estaban relacionadas con aspectos como equipos y vigilancia comunitaria, explicó Clark.

“Antes las veíamos sin condiciones,” dijo Clark. “Ahora las estamos viendo con condiciones vinculadas al cumplimiento de las leyes de inmigración. Obviamente, no vamos a participar en eso.”

El año pasado, Clark se comprometió a no volver a solicitar una subvención que proporcionaba a funcionarios federales información sobre personas indocumentadas encarceladas en las cárceles del condado de Santa Cruz. Confirmó a Lookout que sigue comprometido con esa promesa.

Con el inicio del año escolar este mes, el superintendente de escuelas del condado, Farris Sabbah, está asegurando a las familias que las escuelas de todo el condado son espacios seguros para ellas, independientemente de su estatus migratorio. Sabbah agregó que los agentes federales no han intentado realizar arrestos en las escuelas ni cerca de ellas.

“Incluso cuando los estudiantes están físicamente presentes, ese miedo los sigue hasta el salón de clases y puede dificultar que se concentren, participen, se relacionen con los demás, se enfoquen en el aprendizaje y tengan éxito,” dijo Sabbah.

Otros líderes comunitarios, como Erica Padilla-Chavez, directora ejecutiva de Second Harvest, recordaron a la comunidad inmigrante que los recursos que ofrecen sus organizaciones siguen estando disponibles. Padilla-Chavez agregó que el banco de alimentos ofrece servicios de entrega a domicilio para las familias que podrían tener miedo de salir de sus casas.

La conferencia de prensa del martes fue una continuación de una reunión celebrada en enero, en la que funcionarios locales dijeron que estaban comprometidos a proteger a los residentes más vulnerables del condado de las redadas migratorias, tras las acciones violentas de agentes de inmigración en Minneapolis.

Desde entonces, la Junta de Supervisores del Condado de Santa Cruz aprobó una ordenanza que prohíbe a los agentes de ICE utilizar instalaciones propiedad del condado, como edificios, estacionamientos y parques, con fines de aplicación de las leyes de inmigración. Otras ciudades e instituciones, como la ciudad de Watsonville y Cabrillo College, aprobaron resoluciones similares a principios de este año.

El condado también se sumó en junio a una demanda presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y el condado de Santa Clara, que busca impedir la construcción de una instalación federal de control migratorio planificada cerca de Gilroy.