Defensores de los derechos de los inmigrantes explican el impacto del fallo de EE. UU. sobre el TPS

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Las protecciones legales para millones de inmigrantes bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) han quedado en incertidumbre tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido a finales de junio, lo que ha dejado a muchas personas, incluidas las del condado de Santa Cruz, confundidas sobre lo que esto significa para su estatus migratorio.

La abogada de inmigración Lizett Rodríguez Peña afirma que la confusión en torno al fallo surge porque muchas personas creen que la Corte Suprema eliminó el TPS por completo.

“Pero eso no fue lo que ocurrió,” dijo Rodríguez Peña, originaria de Watsonville, quien actualmente ejerce en Hollister y representa a clientes en la región de los tres condados.

En realidad, explicó, la Corte otorgó mayor autoridad al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner fin a estas designaciones sin la intervención de tribunales federales inferiores que puedan bloquear las decisiones del departamento.

El programa de Estatus de Protección Temporal, establecido en 1990 mediante la Ley de Inmigración de 1990, concede permisos de trabajo y protección contra la deportación a inmigrantes provenientes de países que atraviesan conflictos armados o desastres naturales. Entre los países con designación de TPS se encuentran El Salvador, Sudán y Haití.

Las designaciones pueden otorgarse por períodos de 6, 12 o 18 meses, y el DHS puede extenderlas cuando sea necesario, explicó Rodríguez Peña.

Aunque la Corte Suprema otorgó más autoridad al DHS sobre las designaciones del TPS, Rodríguez Peña dijo a Lookout que el departamento no tiene la facultad de “simplemente eliminarlo de manera arbitraria.” Aún deberá emitir un aviso oficial si decide poner fin o extender el TPS para cualquiera de los países incluidos en el programa.

Por ejemplo, la designación de TPS para El Salvador originalmente vencía en marzo, pero las autoridades federales la extendieron hasta el 9 de septiembre. Si el DHS decide poner fin al TPS para El Salvador, deberá publicar esa decisión al menos 60 días antes de la fecha de vencimiento, explicó Rodríguez Peña.

Sin embargo, ahí es donde surgen los desafíos y una mayor confusión, señaló Rodríguez Peña. No existe una “orientación clara” sobre cómo el DHS debe notificar a las personas afectadas. El departamento puede simplemente remitirlas al sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) o al Registro Federal.

Estos sitios web son difíciles y, en ocasiones, confusos de navegar, incluso para abogados de inmigración, ya que las políticas continúan cambiando, lo que dificulta aún más que las personas puedan verificar su estatus.

“Lo único que sabemos es que están obligados a publicar los anuncios sobre las decisiones relacionadas con el TPS en el Registro Federal,” ella dijo.

Si el DHS decide poner fin al Estatus de Protección Temporal para distintos países incluidos en la lista, quienes actualmente cuentan con ese beneficio perderán sus protecciones legales y la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos, convirtiéndose en un blanco más fácil para la deportación, explicó Rodríguez Peña.

“Se verían obligados a regresar a un país del que huyeron debido a la guerra,” dijo Rodríguez Peña. “En ese momento ya no tendrían protección, a menos que califiquen para otro estatus migratorio legal que les permita permanecer en Estados Unidos.”

Ella y otros defensores de los derechos de los inmigrantes creen que podrían producirse deportaciones masivas, ya que las autoridades federales de inmigración cuentan ahora con la información de miles de inmigrantes que han perdido su estatus legal.

Rodríguez Peña añadió que este fallo también tendrá un impacto económico.

“Muchas de estas personas han trabajado aquí legalmente durante muchos años,” ella dijo, señalando que se desempeñan en diversos sectores, como el sector de la salud.

Algunos de sus clientes en el condado de Santa Cruz trabajan en hoteles y restaurantes, sectores que, según Rodríguez Peña, también se verán afectados. Sin embargo, los efectos no se observarán hasta después de la fecha de vencimiento del TPS.

“Para los salvadoreños, si la fecha de vencimiento del TPS no se extiende más allá del 9 de septiembre, tendremos que ver si habrá un impacto en la economía y cómo se manifestará,” dijo Rodríguez Peña.

Muchos de esos clientes también sienten presión porque sus empleadores les han informado que su autorización actual está próxima a vencer.

“Eso obviamente está generando pánico y estrés porque realmente nadie sabe qué va a pasar.”

Rodríguez Peña recomienda que las personas beneficiarias del TPS consulten con un abogado de inmigración, ya que cada caso es diferente.

“Es importante evaluar su situación particular, en qué etapa se encuentra su caso, cuál es la fecha de vencimiento —o si ya venció— y si existen otras opciones que les permitan permanecer legalmente en Estados Unidos,” explicó Rodríguez Peña.

También recomienda que todas las personas, especialmente las familias, elaboren un plan de seguridad para saber cómo actuar en caso de que un ser querido sea detenido por autoridades federales de inmigración. Organizaciones defensoras de los inmigrantes en todo el condado de Santa Cruz continúan colaborando con escuelas locales para ayudar a las familias a establecer sus propios planes.

“Es realmente muy doloroso, y sé que existe mucha frustración porque muchas de estas personas han vivido aquí durante muchísimo tiempo. Las consecuencias para ellas y para sus familias son mucho mayores de lo que solemos imaginar,” dijo Rodríguez Peña.