Un resumen
Los funcionarios del condado de Santa Cruz enfrentan presión para hacer más que prometer proteger a la comunidad inmigrante del área de las acciones federales de inmigración. Los comisionados de asuntos latinos están trabajando para instar a la Junta de Supervisores a aprobar leyes que afiancen el estatus de santuario del condado, citando preocupaciones sobre temas como los lectores automáticos de matrículas.
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La Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz se está preparando para instar a los supervisores a convertir su apoyo informal a la comunidad inmigrante de la región en una ley mediante una ordenanza de santuario legalmente vinculante que impediría que los empleados del condado compartan información con agentes federales o utilicen tecnología de vigilancia que pueda usarse para rastrear a inmigrantes.
La Junta de Supervisores aprobó en diciembre una resolución que reafirma el estatus de santuario del condado tras la reelección del presidente Donald Trump. La resolución establece que los recursos del condado no deben usarse para hacer cumplir las leyes federales de inmigración ni para apuntar a residentes según su estatus migratorio.
Aunque la resolución brinda cierta tranquilidad a la comunidad inmigrante, carece de mecanismos de cumplimiento reales como los que tendría una ordenanza, dijo Emmanuel Nevarez, presidente de la Comisión de Asuntos Latinos y miembro de la Coalición de Inmigración del Condado de Santa Cruz, un colectivo de organizaciones sin fines de lucro y activistas comunitarios que abogan por los residentes indocumentados.
“Reafirmar el estatus de santuario no es suficiente,” le dijo a Lookout.
Los comisionados redactaron recientemente una carta dirigida a los funcionarios del condado pidiéndoles que consideren crear una ordenanza de santuario para implementar más protecciones para los residentes indocumentados y evitar que el condado firme acuerdos con empresas de tecnología de vigilancia como Flock Safety. La empresa ha sido criticada por compartir datos recolectados por sus lectores automáticos de matrículas con funcionarios de inmigración.
Aunque la resolución del condado sobre santuario “es fuerte en simbolismo e intención, carece de mecanismos aplicables para garantizar una implementación coherente entre los departamentos,” dice la carta. “Sin codificación, las protecciones que promete siguen siendo vulnerables a cambios administrativos, malinterpretaciones o aplicación desigual.” La carta no garantiza que los supervisores del condado vayan a considerar la recomendación en una reunión futura, explicó Nevarez; más bien, aboga por que los funcionarios exploren la posibilidad de crear una ordenanza.
La comisión tenía previsto votar el 1 de octubre si enviaba sus recomendaciones a los funcionarios del condado, pero la reunión fue cancelada por falta de quórum. Nevarez dijo que espera que la comisión vuelva a abordar el tema en su próxima reunión, el 3 de diciembre.
A principios de este verano, la Comisión de Asuntos Latinos también envió una carta a los funcionarios electos del condado destacando preocupaciones de la comunidad, incluyendo el uso de máscaras faciales por agentes federales de inmigración, el uso de cámaras lectoras automáticas de matrículas y la necesidad de más fondos para apoyar a las familias inmigrantes, dijo Nevarez.
Nevarez señaló que la comisión recomendará que la Junta de Supervisores revise la ordenanza de ciudad santuario aprobada por el Concejo Municipal de Huntington Park en julio, la cual establece “procedimientos claros que prohíben el uso de recursos, personal e instalaciones de la ciudad,” para propósitos de hacer cumplir leyes federales de inmigración, a menos que lo exija la ley.
Según la ordenanza de Huntington Park, los departamentos de esta ciudad del sur de California tienen prohibido cooperar con actividades de ejecución de inmigración —como arrestos por parte de ICE— si no hay una orden judicial legal. También protege la información personal de los residentes, incluido su estatus migratorio, para que no sea compartida con agencias federales.
Una sección de la ordenanza también establece que la ciudad no celebrará ni extenderá contratos con entidades o empresas que puedan proporcionar información a las autoridades migratorias, incluyendo compañías tecnológicas que recojan datos en bases de datos.
Esa sección específica de la ley de Huntington Park llamó la atención de Nevarez, quien el mes pasado se pronunció en contra de la extensión del contrato de Watsonville con Flock Safety. Nevarez le dijo a Lookout que debe haber una sección en cualquier futura ordenanza local que aborde de manera proactiva el uso de lectores automáticos de matrículas en el condado.
“Flock hace que la comunidad inmigrante, así como la comunidad latina en general, se sienta muy insegura porque básicamente le da acceso a ICE a esos datos, lo reconozca la policía o no,” dijo Nevarez.
Las preocupaciones sobre estas cámaras solo han ido en aumento en el condado de Santa Cruz, con residentes —incluido Nevarez— citando reportes de medios sobre agencias policiales en California —aunque no en Santa Cruz— que comparten datos de lectores de matrículas con agencias federales como ICE.
Además, la comisión espera destacar tres áreas que una posible ordenanza podría abordar, según su carta borrador. Nevarez agregó que en la reunión del 3 de diciembre, es probable que la comisión agregue más elementos que los miembros quieran ver reflejados en una ley local y citará otros municipios que han adoptado ordenanzas santuario.
Por ejemplo, una ordenanza podría exigir que todos los departamentos del condado actualicen regularmente sus políticas dentro de un plazo específico y que el personal reciba capacitación para asegurar que comprendan cómo aplicar las protecciones del estatus santuario. La resolución actual solo pide a los departamentos revisar políticas de confidencialidad, como no compartir datos personales con agencias externas, y no impone plazos para hacerlo, según la comisión.
Una ordenanza también podría prohibir explícitamente que empleados y agencias del condado recopilen detalles sobre el estatus migratorio de las personas —el condado y la oficina del alguacil ya afirman que no recopilan esa información—, les impediría compartir direcciones de los residentes con autoridades migratorias, y requeriría órdenes judiciales para permitir el acceso de ICE. La resolución actual no incluye estas disposiciones, según la carta de la comisión.
El Supervisor del Distrito 4, Felipe Hernández, dijo a Lookout que aún no ha tenido conversaciones con la Comisión de Asuntos Latinos sobre una posible ordenanza santuario, pero agregó que está abierto a la posibilidad de adoptarla.
Hernández considera que la resolución actual del condado cubre gran parte de lo que la comisión está proponiendo; sin embargo, señaló que está interesado en revisar las ideas de la comisión una vez que se compartan con la Junta de Supervisores.
Agregó que comprende las crecientes preocupaciones de la comunidad sobre el uso de cámaras de Flock, y él mismo tiene algunas. Si bien reconoce que los lectores automáticos de matrículas han sido herramientas clave para resolver crímenes, Hernández cuestiona qué ocurre con los datos que se recopilan.
“¿Quién tiene acceso a esa información?” dijo Hernández. “Dicen que ICE no tendrá acceso, pero parte del problema es que hay agencias que pueden conseguir información para ICE.”
La Oficina del Alguacil del Condado de Santa Cruz no tiene contratos con compañías como Flock Safety ni tiene planes de utilizar esa tecnología de vigilancia, dijo Hernández. Una vez que la comisión envíe su carta de recomendación a la Junta, Hernández afirmó que tendrá una mejor idea de lo que se solicita y podría iniciar conversaciones con el personal del condado para crear una ordenanza.